Instan a la Fiscalía a frenar abusos de Redondo en el Congreso Nacional

Delitos Violación a deberes de los funcionarios y abuso de autoridad se cometió al no someter al pleno la renuncia de Nasralla; si el MP no atiende el caso puede terminar en órganos de justicia internacional, según abogados

El jueves pasado, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, decidió no someter al pleno la renuncia del designados presidencial, Salvador Nasralla.

sáb 27 de abril de 2024 a las 0:0

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TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diversos sectores sociales mantenían este viernes duras críticas contra Luis Redondo, diputado presidente del Congreso Nacional (CN), calificándolo de “torpe”, “abusivo” y de “dictador”, presagiándole también que podría terminar en la cárcel por abrogarse atribuciones que no le competen.

A pesar de que ya existen antecedentes de designados presidenciales que han dimitido ante el Legislativo para luego participar como candidatos presidenciales, la madruga del jueves recién pasado Redondo decidió no someter al pleno la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla, basado en un supuesto análisis jurídico.

La conducta impositiva de Redondo activó no solo el caos en el pleno y la ira en las redes sociales, sino que también mostró que detrás de ello se mueve otros hilos para proponer una constituyente o querer imponer la reelección del expresidente Manuel Zelaya Rosales, como lo evidenciaron los diputados Eliud Girón y Fabricio Sandoval.

$!Redondo tomó la decisión de no permitir la renuncia de Nasralla basado en un análisis jurídico, en el que citaba varios artículos pétreos de la Constitución.

Abusos

El abogado y analista Raúl Pineda Alvarado catalogó el hecho “como un abuso y un atropello porque él (Redondo) es un diputado más dentro del Congreso que en base a la ley orgánica hace la agenda, pero no puede ser un filtro, no puede ser un controlador de los temas que la Constitución señala como atribución del pleno”.

Afirmó que como estaban conscientes de que no tenían una fuerza favorable para castigarlo o vengarse de él, entonces el presidente del Legislativo decidió no someter la renuncia a conocimiento del pleno en un claro abuso de autoridad, imponiendo una conducta dictatorial contraria al estado de legalidad.

Sobre posibles consecuencias penales para Redondo, Pineda Alvarado consideró que la expansión del derecho penal es mala y que existe una tendencia de resolver problemas políticos en los tribunales de justicia.

“Creo que la sanción de la opinión pública y el rechazo de sus compañeros es una decisión lo suficientemente de castigo y repudio para Redondo”, sostuvo el analista.

Consideró que el hecho moralmente es una violación flagrante a los derechos políticos y a la libertad de Nasralla.

“Nadie puede ser obligado a desempeñar una función pública que no quiere desempeñar. Y con la acción del señor Redondo se ha violado el principio de autonomía de la voluntad, que es que nadie puede obligarme a hacer algo que no deseo hacer y que está en el marco de mis derechos individuales”, advirtió.

Dijo que este caso no ha terminado porque lo que hizo Redondo es no ponerlo en la agenda. “Es un tema que concluirá cuando el Congreso decida si acepta o no la renuncia, y esto es una atribución del Congreso no de su presidente”, afirmó Pineda Alvarado.

Él es del criterio que lo que Libre le está haciendo al designado presidencial le generará una sanción política. “Conociendo a Nasralla él se va a molestar profundamente y va a buscar venganza apoyando al candidato que tenga más posibilidades de sacar del poder a Libre, generándole incomodidad la posibilidad de un triunfo electoral”, proyectó.

$!Simpatizantes de Salvador Nasralla acudieron al Congreso Nacional para pedir a los diputados llevar a discusión la renuncia del designado presidencial.

Justicia Internacional

El también profesional del derecho, Kenneth Madrid, explicó que en la acción de Redondo de no someter al pleno la petición de renuncia de Nasralla se configuró en los delitos de violación a los deberes de los funcionarios públicos y de abuso de autoridad, que podrían ser perseguidos por el Ministerio Público en caso de que el afectado interponga la denuncia.

“En caso de que el perjudicado vaya a la Fiscalía y ahí se ignore su petición, entonces podría ir a los órganos de justicia internacional donde el afectado podría hacer valer su derecho a elegir y ser electo”, explicó.

El Estado de Honduras ya tiene antecedentes de violar las garantías judiciales, del principio de legalidad y derechos políticos a través de un poder del Estado.

El caso más reciente se resolvió el pasado 1 de abril de 2024 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a Honduras responsable de la destitución arbitraria de tres magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2012.

El abogado constitucionalista, Octavio Pineda, por su parte, aseguró que el fiscal del Ministerio Público debería intervenir de oficio y presentar formalmente la solicitud para iniciar un juicio político contra Redondo.

“En el Ministerio Público hay un fiscal de defensa de la Constitución que debería actuar de oficio ante semejante violación al texto de la Carta Magna y proceder a solicitar el juicio político de Redondo”, planteó.

Madrid no ve la situación de Nasralla como complicada, “porque al final él tiene que hacer todas las acciones correspondientes para exigir sus derechos”.

“Al final es el Consejo Nacional Electoral (CNE) quien debe emitir la correspondiente denegatoria o no para poder acceder a un cargo de elección popular y al final, si insisten en bloquearle su derecho, el país va a ser condenado. Todavía falta un largo camino”, sostuvo Madrid.

Igual que Pineda Alvarado, calificó de una tremenda tontería sin fundamento lo expresado por el diputado Sandoval, quien mencionó que si se admitía la renuncia de Nasralla entonces también se debería admitir la reelección de Zelaya Rosales.

Para Augusto Aguilar, asesor del CNE, si el pleno de Congreso Nacional no acepta la renuncia de Nasralla hasta ahí llegan sus aspiraciones presidenciales y el organismo electoral tampoco podrá hacer nada.

Sobre los antecedentes en el caso del expresidente Ricardo Maduro, Elvin Santos y Ricardo Álvarez, el asesor sostuvo que “si se aplicara la ley correctamente habría por lo menos 25 personas presas y con pérdida de todos los derechos porque la reelección es un delito de traición a la patria”.

Entre tanto, Héctor Zelaya, hijo y secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, expresó que “nosotros hemos estado felices que Nasralla renuncie a una posición en donde no le trajo ningún beneficio al país durante dos años, en donde en todo caso lo único que sirvió fue para generar un gasto al Estado de Honduras; Honduras no se benefició con Nasralla siendo designado”.

Reafirmó su respeto a lo sucedido en el Congreso y pidió a Nasralla no ejercer presiones porque la Constitución se ha violentado muchas veces.

Sobre si Libre le tiene miedo a Nasralla y que por eso bloquea su renuncia contestó que “ya participamos contra Nasralla y quedó en tercer lugar, y luego en 2017 no se derrotó a Juan Orlando Hernández porque Nasralla desmovilizó al pueblo hondureño; después, en 2021, llegó 45 días antes de las elecciones a la caravana de la victoria a pedir ‘jalón’ y después quería estar manejando él”.

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