Hace siete décadas, en el mes de mayo, mas de 30,000 asalariados abandonaron sus labores en la principal multinacional bananera, la Tela Railroad Co., filial de la United Fruit Co., decidiendo irse al paro indefinido en reclamo de mejoras salariales y condiciones de trabajo, acción poco después secundada por sus colegas ceibeños de la Standard Fruit, los mineros de la Rosario Mining Co., en El Mochito, Santa Bárbara, y las compatriotas laborando en las fábricas textiles en Tegucigalpa.
Sus reclamos eran ciertamente justos y, en retrospectiva, debieron haber sido atendidas con prontitud, habida cuenta que durante décadas los sueldos y salarios habían estado congelados tanto en la zona norte como en las otras regiones del país.
La inicial negativa de la patronal para el inicio de negociaciones resultó en la prolongación del conflicto entre el capital y el trabajo, con ello evidenciando carecer de flexibilidad en su trato con la masa laborante. Con ello, las peticiones iniciales fueron ampliadas para incluir, además, el derecho a la libre sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a la huelga.
Eventualmente, se logró alcanzar un punto intermedio entre las partes, tras 69 días de brazos caídos, en los que los asalariados demostraron un admirable sentido de organización y de respeto a la propiedad privada, formando comités de vigilancia para impedir cualquier sustracción de bienes y equipos de la patronal.
Por su parte, el gobierno presidido por Juan Manuel Gálvez se abstuvo, de manera inteligente, de cualquier intento represivo, que, de haberse implementado, habría significado otro baño de sangre, similar al ocurrido en San Pedro Sula en 1944.
Las distintas clases sociales del país mostraron simpatía con los y las huelguistas, contribuyendo de diversas maneras a la solución final y equitativa del conflicto, de trascendental importancia en los anales de la historia patria, tanto en lo social como en lo político.
