En un estado de derecho, el respeto y cumplimiento de las leyes es fundamental, ese marco jurídico establece que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es inaceptable.

Esta es la posición del fiscal general, Leonidas Rosa Bautista, ante las voces que surgen en torno a intentos de instalar una Constituyente con el fin de reformar la Constitución de la República.

No es desconocido el planteamiento público efectuado por la presidenta del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Patricia Rodas, quien lanzó al tapete de la opinión pública la convocatoria a una Constituyente.

Para varios analistas, entre ellos Juan Ramón Martínez, el fin sería prolongar el período presidencial y legalizar la reelección. A juicio de Martínez, detrás de ello estaría una conspiración dirigida por Rodas y el ex presidente Rafael Callejas.

Para el fiscal general, la actual carta magna merece ser respetada y brindarle la protección por los ciudadanos.

“La Constitución de la República, de la cual me siento muy orgulloso de haber sido una de las personas que trabajó como diputado constituyente en 1982 en su redacción, es un instrumento jurídico no solo querido por nosotros, sino respetado y que produjo, aunque sea para asombro de muchos, algunas innovaciones históricas en el proceso del país”, manifestó el titular del Ministerio Público.

La Constitución se redactó en un momento en que el país venía de gobiernos militares, para garantizar que el proceso democrático que recién el país venía experimentando se plasmó que incurren en traición a la patria quienes reformen la carta magna con propósitos de legalizar el continuismo o violentar la soberanía nacional.

“En aquel momento se trataba de evitar justo las interrupciones del orden constitucional, las constituyentes constantes, las irrupciones en el sistema democrático”, expresó.

“La Constitución de la República es un texto que prevé, de manera clara y terminante, cuáles son los requisitos a su reforma, de manera que una Constituyente en el marco de la Constitución es inaceptable”, afirmó Rosa Bautista.

Lo que sí está establecido es la utilización de herramientas para reformas a artículos pétreos.

“Lo que sí es posible es que la Constitución sufra alguna reforma y hay algunas instituciones innovadoras, como el plebiscito y el referéndum, que pueden servir de marco jurídico para consultar al soberano, o sea al pueblo, la forma de hacerlo”, explicó.

A su juicio, lo único que es posible es producir reformas que en el curso de los tiempos se imponen y que están previstas mediante mecanismos ya establecidas en la Constitución.

“Abrir el espacio de las constituciones al estilo de los golpes de Estado sería trágico para la democracia, para el país, para el estado de derecho, y algo imposible de hacer creo en un mundo globalizado, en un mundo vigilado por instituciones de derechos humanos, por unas Naciones Unidas, por una OEA, por convenios internacionales que Honduras está obligado a respetar”, dijo.

Derecho al voto

Por otro lado, Rosa Bautista llamó a que se respete el derecho de los ciudadanos a ejercer el sufragio.

La petición la hace luego de que el Bloque Popular llamara a la ciudadanía a no votar en las internas; asimismo, la dirigencia magisterial anunció tomas de las instalaciones educativas donde se llevarán a cabo las elecciones.

“Nuestro modelo democrático y nuestro estado de derecho están fundamentados en el ejercicio del sufragio fundamentalmente. El ejercicio del sufragio es una conquista”, recalcó.

“Los ciudadanos ahora, de manera universal, igualitaria y secreta, podemos ejercer el voto.

Por lo tanto, el estado de derecho está construido sobre la base del sufragio y cualquier atentando o interrupción o tergiversación de este concepto es, por lo tanto, fuera de la Constitución y por lo tanto jurídicamente inaceptable”, manifestó.

“Mi opinión es que los ciudadanos hondureños, conocedores de la ley, de la Constitución y del estado de derecho, acudirán masivamente, correctamente, a ejercitar el sufragio y que ningún ciudadano impedirá o estorbará el ejercicio de ese derecho, porque constituye un delito de persecución de oficio y pública”, concluyó el fiscal general.